En Colombia, la derecha política habla mucho de fortalecer la competitividad y el desarrollo agropecuario, especialmente de la agroindustria, pero si miramos los hechos sobre el terreno, la realidad es que se hace bastante poco para que esto sea una realidad.
En el campo colombiano no se han dado grandes procesos de innovación, y esto no es porque los colombianos sean poco creativos o trabajadores, sino porque los incentivos económicos han estado mal alineados. Uno de los últimos golpes a la competitividad del agro colombiano viene por cuenta de la reforma tributaria, la cual hace que estos incentivos, los que se necesitan para que el sector agrícola pueda desarrollarse, sean cada vez más escasos y mal diseñados.
La reforma tributaria del gobierno nacional cambiaría el estatus del IVA para los productos de la canasta familiar. Actualmente dichos productos se encuentran como exentos, sin embargo, en la reforma se plantea convertirlos en “excluidos”, esto podría parecer lo mismo, pero la realidad es que sobre el terreno cambia mucho las cosas. Mientras que los productos exentos no pagan IVA de ningún tipo, los productos excluidos pagan IVA sobre sus insumos, y aunque en la factura final al cliente no se le señala que se esté pagando IVA de ningún tipo, lo cierto es que el nuevo régimen obliga a los productos a trasladar los costos a los consumidores finales, lo que finalmente lleva a que el precio real para el cliente se incremente de manera sustancial.
El golpe de la reforma tributaria para el sector arrocero
Este es el caso de uno de los productos que más son consumidos por los colombianos, el arroz. Actualmente en Colombia se consumen unos 42 kilos anuales per cápita de este producto, lo cual nos indica que de aprobarse el nuevo régimen de IVA en la canasta familiar se afectaría en gran medida la forma de vida de los ciudadanos colombianos, especialmente aquellos que según el Sisben se encuentran en situación vulnerable, y quienes al no ser pobres o vivir en pobreza extrema, no reciben la devolución del IVA ni hacen parte de los subsidiados con el ingreso solidario.
En consecuencia, aunque no se le pone IVA directamente al arroz, los insumos para producirlo como los pesticidas, las semillas, los abonos y otros, sí tendrían el impuesto, lo que encarece de manera notable la producción y hace que el sector arrocero sea menos competitivo.
El diario colombiano Agronegocios señala que “Con este panorama, las condiciones cambian para el sector, pues no solo se prevé un daño por cuenta del aumento de los costos, sino también un cambio en los planes para renovar el parque automotor de tractores y en las cuentas que se hacían por la posible exportación, de la cual se empezaba a hablar este año”.
Por su parte, Rafael Hernández, presidente de Fedearroz, señaló que aunque la idea del Gobierno ha sido ayudar a concretar mercados internacionales para la distribución del arroz colombiano, la realidad es que hasta el momento no se ha concretado ningún negocio. Y ciertamente con los impuestos nuevos que tendrían que pagar los arroceros, esta posibilidad estaría aún más lejana.
Los negocios de exportación requieren de “una diplomacia comercial que no se da de un mes para otro. Nosotros habríamos podido exportar pero no hay nada concreto y si ahora nos encarecen los costos de producción, pues estamos más lejos de ser un país exportador de arroz”, señaló el presidente de Fedearroz.
Competencia extranjera y grandes inventarios guardados a nivel nacional
Pero el problema no es únicamente que no se den exportaciones de arroz, sino que actualmente el mercado del arroz colombiano ha demostrado ser susceptible a las importaciones de arroz, principalmente de Ecuador. Esto no quiere decir que se deba crear un programa de subsidios al arroz o crear un esquema de sustitución de importaciones para favorecer al agro nacional, pero sí que deben existir las condiciones justas para que el arroz colombiano pueda competir en igualdad de condiciones en el mercado internacional.
Para el director gremial del sector arrocero, actualmente el problemas de las grandes importaciones tiene en líos al sector, ya que al no haber actualizado los tratados como el de la CAN, el arroz colombiano queda en desventaja frente al que proviene de Ecuador, ya que se permite la entrada de grandes cantidades, lo que tiene a la industria con un inventario de 1.1 millones de toneladas de arroz seco, lo que representa nada menos que cuatro meses de ventas. En este contexto, es apenas lógico que los dirigentes del sector estén preocupados por lo que puede pasar si se les encarecen los costos de producción, practicamente el sector estaría abocado a una crisis muy seria, la cual podría poner en peligro la sustentabilidad de todas las personas que dependen de este sector.
El presidente de la SAC, Jorge Bedoya, enfatizó que aunque hay una sobre producción de arroz, que tiene en mínimos a los precios, el gobierno colombiano aprobó esta semana la importación de aquí hasta el final del año de 50.000 toneladas de este cereal, un problema que se suma a esta industria.
Si se incrementan los costos de producción, el costo final del arroz para los consumidores colombianos podría incrementarse en un 4.6% según las más recientes estimaciones. Esto podría derivar en el hecho de que los consumidores busquena alternativas de consumo, lo cual a su vez agravaría la situación de los productores de este cereal, quienes ya tienen varias toneladas de este producto en bodegas.
Una reforma a la reforma
Así, lo que los ciudadanos colombianos, especialmente los del sector agrícola, deben preguntarse es si el gobierno colombiano está diseñando bien la reforma tributaria y si los incentivos que hay en ella son los necesarios para que la economía colombiana pueda encontrar una salida a la crisis económica que ha dejado la pandemia. Con la creciente oposición a la reforma y con varias protestas convocadas contra la misma, tal parece que ese no es el mensaje que está recibiendo la sociedad colombiana. Muchos ciudadanos ven la reforma como algo lesivo, y si se tienen en cuenta las declaraciones de los líderes gremiales del sector agrícola, como en el caso del gremio de los arroceros, parece que esas perspectivas tienen mucho fundamento.
En este contexto, lo más prudente para el gobienro colombiano es que replantee los términos de su reforma y conciba una que no haga más daño que bien, obteniendo la financiación necesaria para los programas sociales del estado y los gastos generales sin herir las posibilidades de ascenso social y los medios de sustento de las clases sociales más vulnerables.
Con información de Agronegocios.
