En medio de la discusión nacional que se está dando en estos momentos sobre el futuro de la reforma tributaria que presentara el gobierno ante el Congreso, ya se han enumerado algunas de las posibles fuentes de ingresos a las que recurriría el gobierno.
La reforma tributaria busca que el gobierno obtenga al menos unos 25.4 billones de pesos adicionales para su presupuesto anual, de los cuales unos 10.5 billones vendrían por cuenta del impuesto del IVA, el que pagan todos los colombianos cuando adquieren nuevos productos y servicios en el mercado, según lo índico el diario colombiano la República.
De acuerdo a La República los nuevos impuestos vendrían de la siguiente manera: “$25,4 billones totales, que estarían distribuidos así: $10,5 billones por cuenta del impuesto a las ventas (IVA), $16,8 billones de los impuestos a las personas naturales y $3 billones adicionales por las modificaciones a los impuestos a las personas jurídicas”.
Resulta interesante ver que el menor aumento viene dado en los impuestos que pagan las personas jurídicas, esencialmente las empresas. Y es que como señalábamos esta mañana, en la reseña sobre los impuestos corporativos a nivel global, los impuestos a las grandes empresas vienen en descenso en todo el mundo, una tendencia que ha sido muy perjudicial para todos los países, una tendencia a la que por supuesto Colombia no es ajena tampoco.
Como consecuencia de la carrera hacia abajo en impuestos corporativos que existe a nivel mundial, y en la que los países cada vez cobran menos a las empresas con la finalidad de atraer inversiones, los gobiernos se ven impulsados a recurrir a dos fuentes de ingresos fundamentales: los ingresos de las personas naturales de la clase media por medio del impuesto a la renta, y los ingresos que provienen de lo que pagan todos los consumidores sin importar su estrato social, es decir el impuesto del IVA. Esta manera de cobrar impuestos tiene serias desventajas, y es que al cobrar mayores impuestos a la clase media, antes que a las grandes corporaciones y a las grandes fortunas, se afecta la movilidad social de los estratos sociales inferiores, así como su calidad de vida.
En el debate colombiano se observa que existe una gran aversión a mayores impuestos y múltiples discursos populistas de derecha enfatizan en que solo se necesita reducir los gastos del estado y que luego de ello no hay necesidad de incrementar impuestos. La realidad es mucho más compleja: Como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia, el gobierno nacional ha incurrido en grandes gastos, tanto a nivel de salud, como en las transferencias monetarias directas a las personas de ingresos más bajos, el llamado ingreso solidario. Mantener este gasto social será muy necesario para la recuperación económica, de manera que los estratos más bajos puedan volver a consumir y así sostener la demanda.
Así lo ha expresado también La República: “En este frente, el Gobierno propone garantizar un ingreso mínimo a los hogares que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema; así como volver permanente el programa Ingreso Solidario y extender temporalmente el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) hasta junio de 2021”.
El gran problema es quién pagará por la factura de estos nuevos gastos, y si los nuevos impuestos, más que ayudar a fortalecer el crecimiento económico, pueden limitar las posibilidades de la clase media y media-baja del país de tener un mayor grado de movilidad social. En este sentido, la preocupación por la corrupción y la posible afectación a la clase media hace que las críticas hacia la reforma tributaria se enfoquen en los temas concernientes a la ampliación del IVA y del impuesto sobre la renta.
Dentro de los cambios contemplados en el IVA, se ha indicado que este impuesto se ampliaría a algunos productos de consumo que son considerados como alimentos que no están incluidos dentro de la canasta familiar.
En este aspecto, el senador del movimiento de la Colombia Humana, Gustavo Petro ha salido a denunciar lo que consideró como “engaños” por parte del Ministerio de Hacienda, ya que según Petro, esta entidad ha señalado que algunos productos quedarían excluidos del pago del IVA, sin explicar a fondo que de todas formas si tendrán el impuesto, sino que simplemente ya no lo pagarían los productores, sino los concumidores.
Así lo explicó el senador en una serie de trinos:
Que en los bienes exentos de IVA, el IVA pagado en la cadena de producción no pasa al precio final, es decir no lo paga el consumidor. Al pasar al régimen de excluidos, esos IVAs de la cadena productiva pasan directamente al precio final del bien y lo pagan los consumidores
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 25, 2021
En el típico manejo comunicacional engañoso, Carrasquilla si está aumentando sustancialmente el IVA pagado por los consumidores de la canasta básica familiar al pasar sus bienes de exentos a excluidos. Está gravando la comida en tiempos del covid y la crisis económica.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 25, 2021
Más adelante, Petro esbozó unas ideas de su propuesta de reforma tributaria, indicando que una reforma integral debería tener como fin aliviar la pobreza y estimular el crecimiento económico, aspectos que a su juicio no lograría la reforma que el gobierno está proponiendo actualmente, debido a su alta dependencia en impuestos que afectarán el consumo.
Los objetivos hoy de una reforma tributaria además de allegar recursos al Estado son:
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 25, 2021
1. Aumentar la justicia social.
2. Aumentar la producción.
Ambos objetivos se pueden conseguir si se le pone los impuestos a los dineros y patrimonios atesorados sin fines productivos.
Si bien, la actual reforma tributaria cuenta con mecanismos como la devolución del IVA a las familias que padecen pobreza extrema, se ha criticado que esta devolución no llega de manera efectiva a todos los pobres, debido a las dificultades inherentes de tipo burocrático y de dispersión social que impiden llegar a estas poblaciones. En consecuencia, las propuestas de la izquierda colombiana, en lugar de depender de los impuestos que paga la clase media, contemplan gravar los activos improductivos como fincas baldías o los dividendos de las empresas, con el fin de incentivar que los inversionistas privados reinviertan sus acciones antes de reclamar ganancias a corto plazo en los mercados de valores. De la misma manera, la izquierda también ha propuesto gravar con mayor contundencia a las personas que tienen rentas más altas, debido a que Colombia enfrenta un alto nivel de desigualdad que ha impedido que las familias pobres alcancen una mayor movilidad social a un ritmo más acelerado.
Con información del diario La República.
