*Un artículo original de Iván Gutiérrez (@muyfinanciero )
A medida que se acerca el 2022 y las elecciones que se celebraran en ese año, el escenario político colombiano empieza a moverse con las especulaciones de quién podría ser el próximo presidente del país y quienes serán los candidatos de cada sector político.
Por el lado de la centro-izquierda, o lo que tradicionalmente se conoce así, ya que los mismos representantes de este sector han rechazado las clasificaciones de izquierda-derecha, se presume que muy probablemente el candidato será Gustavo Petro, senador de la república que en las elecciones pasadas alcanzó a registrar 8 millones de votos en la disputa por la presidencia en la segunda vuelta.
En el sector de la centro-derecha aún no hay un candidato definido, aunque siempre se ha hablado fuertemente de la candidatura de Sergio Fajardo, y más recientemente de la posibilidad de una candidatura de Iván Marulanda o de Alejandro Gaviria. Mirando más hacia la derecha o lo que se conoce estrictamente como derecha, se especula con una candidatura presidencial de Martha Lucía Ramírez o de Tomás Uribe, el hijo del ex-presidente Uribe.
Sin embargo, en un país que siempre ha vivido con miedo a los gobiernos de izquierda o de carácter social-demócrata, lo cual ha llevado a que la gente se decante por opciones de carácter conservador o neoliberal, o por una mezcla difusa de estas dos corrientes políticas, cabe preguntarse por qué votar por un candidato de esta corriente política. O mejor dicho ¿Por qué votar por Gustavo Petro cuando Venezuela, país que decidió mirar hacia la izquierda, está hoy en medio de un caos político y económico sin par? ¿Por qué votar por él cuando la historia ha demostrado de manera incansable que las políticas estatistas de carácter social generalmente han llevado a una gran ineficiencia en el sector público y que en muchas ocasiones el criterio de funcionamiento de los mercados o de libre mercado es el mejor cuando se trata de garantizar el desarrollo económico de una nación?
Para abordar estas cuestiones, lo primero que debemos hacer es abordar la figura de Gustavo Petro con honestidad intelectual. Esto quiere decir liberarnos de los prejuicios que nos llevan a igualarlo con un pensador marxista de la década de los ochenta. La realidad político-económica es mucho más compleja e implica entender que los antagonismos ideológicos no nos sirven para entender la compleja realidad de la economía en el siglo XXI.
Cuando, a principios de los años noventa, se observó que el colapso del sistema soviético era inevitable, casi de forma inmediata el discurso público que se asumió era que las políticas orientadas al mercado eran las mejores y que este sistema, el capitalismo, era el vencedor de la historia. Casi con un afán religioso, muchas personas consagraron al capitalismo como el resultado de la interacción natural de los seres humanos libres. Siguiendo a la filósofa Ayn Rand, los neoliberales han planteado que el egoísmo es la condición natural del ser humano y que esta se correspondía naturalmente con el mayor progreso económico de la sociedad.
Desde Adam Smith hasta Hayek y Friedman, los economistas clásicos y neoclásicos intentaron teorizar el egoísmo como la condición natural del ser humano que llevaba a una mayor prosperidad. Sin embargo, deberíamos repensar un momento con más calma cómo es que ha surgido el paradigma liberal y cómo se ha mantenido vigente hasta nuestros días. Cuando uno mira la historia puede entender que el capitalismo no surgió como una consecuencia natural del egoísmo humano y de la libertad propia del ser humano, sino que este fue producto de toda una serie de condiciones históricas y tecnológicas y decisiones políticas que hicieron posible su aparición. Sin la revolución industrial que se produjo en Gran Bretaña en el siglo XIX, realmente es muy difícil pensar cómo habrían surgido las empresas contemporáneas. De la misma manera sin las revoluciones políticas del siglo XX, y especialmente sin la crisis del petróleo de los años setenta, la cual causó una crisis del modelo del capitalismo social, hasta entonces vigente en Occidente, sin estos eventos sería imposible pensar en la implementación del modelo neoliberal en la escala en que fue implantado.
De hecho fueron tres figuras las que contribuyeron de forma especial a la implementación del modelo neoliberal, Ronald Reagan, Margaret Tatcher y Augusto Pinochet. Es decir, el ultraliberalismo que hoy nos venden los políticos e ideólogos del neoliberalismo como si se tratara de algo natural, es en realidad un fenómeno histórico que obedece a la confluencia de ciertas casualidades y a la voluntad de unos determinados líderes. Y en cuanto a su evaluación, muchos economistas tienden a estar de acuerdo en que el crecimiento de las economías occidentales se ha ralentizado con la aplicación de este modelo, no solo ha traído desigualdad sino que ha traído una era marcada por un estancamiento en los salarios y el nivel de vida de la clase media. (Para un análisis más completo de este fenómeno y de los costos que ha impuesto el neoliberalismo a la sociedad conviene revisar el estudio que hizo Joseph Stiglitz en El precio de la desigualdad, 2012).
La necesidad de la solidaridad
Si bien los modelos del socialismo real fracasaron en la práctica (Unión Soviética, Cuba, Corea del Norte y países de Europa del Este), esto no implica que el modelo neoliberal y ultracapitalista sea en sí el mejor. Se trata de la misma manera que el socialismo de una ideología y como tal debe ser tratado. Esto quiere decir que las democracias deberían estar más abiertas a la experimentación de diversas políticas económicas y a dejar de un lado lo que hasta antes de la crisis financiera era llamado como la “ortodoxia de la economía”.
El siglo XX tiene ejemplos bastante interesantes de experimentación en el campo económico que se salen de las categorías típicas de izquierda y derecha y que miran más hacia actitudes pragmáticas en donde el estado desempeña un papel importante en el desarrollo económico sin que eso implique la aniquilación de la empresa privada. Podemos pensar en dos acontecimientos especiales: la implementación del New Deal en Los Estados Unidos y la apertura económica de Deng Xiaoping en los años setenta en la China posterior a la revolución cultural de Mao Zedong.
Con el New Deal el gobierno de Franklin Delano Roosevelt implementó el programa de intervención más grande hasta el momento en la historia de los Estados Unidos con el fin de rescatar a la economía de la Gran Depresión originada en medio de la crisis del 29, la intervención gubernamental aunada con el gasto militar que representó la Segunda Guerra Mundial tuvo un gran impacto e hizo que finalmente la economía americana se recuperara. El New Deal es una muestra de que no se puede mirar a la sociedad como la suma de unas partes aisladas que luchan de manera egoísta cada una por su beneficio, sino como un todo dinámico que se influencia mutuamente, por lo cual el apoyo del gobierno con las medidas correctas puede hacer que la economía pueda volver a la senda del crecimiento.
Muchas veces el apoyo del gobierno puede fallar y las medidas necesiten revisarse y modificarse en consecuencia, esto es algo que los economistas tienen muy claro. En especial los ganadores del Premio Nobel de Economía de 2019, Esther Duflo y Abhijit Banerjee, quienes han propuesto la necesidad de estudios de campo sobre el terreno para identificar las medidas de política económica que funcionan en la lucha contra la pobreza y las que no. Duflo y Banerjee ganaron el Nobel por el diseño de experimentos controlados de medidas económicas para combatir la pobreza. Sin embargo lo que hemos visto tras muchos años de gobiernos de derecha en Colombia es que las políticas económicas no responden a evaluaciones serias sobre cómo hacer que las cosas funcionen mejor sino más bien a interese creados y a una visión ideológica del mundo que no sale del paradigma liberal.
Al igual que El New Deal, la apertura económica china de los años setenta con Deng Xiaoping fue un proceso de experimentación que se salió de los paradigmas ideológicos que por entonces dominaban en la China comunista. Una apertura similar podría ser necesaria en Colombia para comenzar a superar las brechas de desigualdad que hacen que la economía sea tan ineficiente y que nos ponen a las puertas de un enfrentamiento violento como sociedad.
Cuando se examina con seriedad el programa político de Gustavo Petro se puede observar que lejos de quedarse en el paradigma estatista que dominó el socialismo del siglo XX y el de los estados de bienestar, que han llegado a tener un éxito limitado, lo que se propone es una mayor extensión de la competencia y la articulación de incentivos para que la economía pueda salir del inmovilismo en el que se encuentra. Un ejemplo de esto son los impuestos que Petro ha propuesto a las tierras improductivas, lo que comúnmente se conoce como “fincas de engorde”. El objetivo no es que el estado reemplace a los sectores productivos de la sociedad, sino brindarle incentivos para que los actores privados, en este caso los terratenientes o dueños de fincas encuentren que es mucho más lógico poner sus tierras a producir que dejarlas quietas esperando una valorización que podría no llegar.
De la misma manera en el campo de la salud, Petro no propone la eliminación de las clínicas y los hospitales privados porque se sabe hace mucho tiempo que ellos no son un problema en la prestación del servicio de la salud. Lo que sí es un problema en la gestión de la salud son la existencia de unos agentes llamados EPS que succionan gran parte de los recursos del estado y de los aportantes al sistema de salud sin brindar nada de valor a los ciudadanos.
Un sistema de salud completamente público que compita con los hospitales y las clínicas privadas podría gestionar mucho mejor los recursos y su asignación. De hecho esta no es una idea extraña, en los países de la Unión Europea un robusto sistema público de salud funciona bastante bien sin que se tenga necesidad de agentes particulares de gestión como las EPS.
La evidencia ha demostrado que la prestación del servicio de salud tiene problemas debido a que la demanda no es elástica (la gente no elige enfermarse en función de si el servicio de la salud es más caro o más barato) y a la asimetría de información entre los ofertantes y los usuarios del sistema (los pacientes no saben que tratamiento necesitan hasta que es el mismo sistema de salud el que les dice exactamente qué deben hacer). Por lo tanto en caso de una enfermedad, los ciudadanos se encuentran en la obligación de seguir las indicaciones del sistema, con muy pocas posibilidades de elección. Es por esto que es tan importante que la salud se deje a un sistema de gestión privado que puede aprovecharse del paciente y que puede limitar sus opciones de tratamiento, por ejemplo negándose a prestarle ciertos servicios como actualmente ocurre con muchas Entidades prestadoras de salud ante las cuales los ciudadanos interponen constantes tutelas para poder acceder a servicios que se les deberían prestar sin la menor objeción.
El afán de lucro de las entidades particulares hace que ellas muchas se nieguen a asignar ciertos tratamientos o medicamentos que son, por su naturaleza más costosos. De la misma manera, esto conduce a que las EPS busquen todas las excusas para no prestar estos tratamientos (muchas veces no tienen ni siquiera servicios contratados con hospitales o clínicas), retrasando la atención del paciente en un juego mortal que se conoce en Colombia como El paseo de la muerte.
Políticas de la vida
En este contexto también es importante reconocer que las políticas que asumen los estados tienen una gran influencia para limitar lo que en términos económicos se conoce como “externalidades”. Las externalidades son todos aquellos costos que las empresas trasladan al conjunto de la sociedad por sus operaciones. Pensemos por ejemplo en la extracción de petróleo mediante la técnica de fracking, el consumo excesivo de agua que se lleva a cabo mediante esta técnica, en confluencia con las posibles contaminaciones ambientales derivadas. Todos estos son costos que la sociedad tiene que pagar de una u otra forma, bien sea con la escasez de agua para los cultivos o con un medio ambiente más contaminado. Actualmente en Colombia, el único sector político que ha reconocido la necesidad de limitar severamente los costos ambientales es la izquierda demócratica, una amplia gama de movimientos dentro de los cuales se encuentra la Colombia Humana de Gustavo Petro.
Entre tanto la derecha radical, así como los sectores de la centro-derecha han sido muy reacios al momento de entender los costos que en muchas ocasiones el sector privado le impone a la sociedad. La intervención del estado, sin que esto suponga estatismo, simplemente con las regulaciones adecuadas puede desempeñar un papel importante para limitar las externalidades negativas que los grandes conglomerados privados generan.
Las políticas de la vida que ciertamente está defendiendo el movimiento político de la izquierda nacional no se limitan a regular de manera eficiente al sector privado para que limite sus acciones negativas. Un gran ejemplo ya lo dio el mismo Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá y decidió no criminalizar a los consumidores de drogas, sino brindarles el apoyo necesario para su rehabilitación. En una sociedad donde cada vez más, el flagelo de la droga está cobrando una fuerza propia y descomunal, enfrentar este desafío con las políticas de salud pública adecuadas puede hacer una gran diferencia en materia de lucha contra las drogas y parte de la violencia que se asocia a la misma. Naturalmente no podremos esperar el fin de la droga, utilizando políticas de salud pública y menos mientras los Estados Unidos sigan insistiendo en la penalización de la cadena productiva de la misma y en la penalización del consumo de las denominadas “drogas duras”, pero si se puede aspirar a limitar los efectos de la violencia asociada al tráfico de drogas y a generar un ambiente más propicio para que, con evidencia en mano, se pueda dar un debate más serio acerca de la posibilidad de la legalización de las drogas como la estrategia básica para limitar los efectos del abuso de los narcóticos.
Un sano equilibrio y necesidad de representación política
Al evaluar todos los elementos anteriormente presentados para el análisis vemos que la propuesta política de la izquierda colombiana, en específico la que se define a partir del movimiento político de Gustavo Petro, la Colombia Humana, no está buscando la estatización de la economía sino que el sector privado pueda contribuir a un mejor desarrollo social por medio de un equilibrio más sano en el que la participación económica no esté limitada a las grandes empresas, sino que el ciudadano del común también pueda generar sus propios emprendimientos y no se encuentre con la única opción de ser un empleado que compite por los bajos salarios que ofrecen las muy pocas empresas que actualmente hay en el país. En este sentido, ideas como una mayor tributación por parte de los individuos más ricos para que con este dinero se pueda financiar la educación de los sectores más vulnerables de la sociedad que actualmente obtienen una educación deficiente en el sistema público o que no tienen acceso a la educación terciaria por falta de cupos en las universidades, pueden contribuir a nivelar el escenario económico hacer más fácil que los sectores olvidados de la población contribuyan al desarrollo económico.
Economistas como Daron Acemoglu, ya se han manifestado a favor de impuestos más elevados sobre la renta, los cuales servirían para financiar algún modelo de renta básica universal para los sectores excluidos de la actividad económica. Esta renta universal sería ciertamente una forma de apoyar la demanda agregada y con el ello el desarrollo empresarial del país, de la misma manera que podría servir para que más personas que actualmente se encuentran en condición de pobreza puedan acometer acciones que les ayuden a mejorar de forma realmente sostenida sus condiciones. En el libro Buena Economía para tiempos difíciles, los economistas Esther Duflo y Abhijit Banerjee defienden que las transferencias monetarias a las personas pobres, en lugar de los apoyos con bonos de comida y bienes básicos, pueden ser más eficaces para combatir la pobreza, ya que los pobres tienen un conocimiento de lo que realmente necesitan y no se les debería tratar de modo paternalista decidiendo por ellos en qué debe ser invertida la ayuda que se les da, como se hace cuando se les da alimentos y bienes.
Esta defensa de la renta básica universal, un incentivo que se le podría dar a los más pobres del país, es algo que es mirado con recelo por los sectores de derecha del país. Sin embargo, estos sectores que tradicionalmente han dicho que las ayudas sociales hacen que las personas más pobres tengan menos incentivos para trabajar, son los que han defendido políticas de carácter asistencial como la devolución del IVA y familias en acción, un programa que da transferencias monetarias condicionadas a las familias más pobres del país. En este sentido, se puede decir que no se trata de una política extremista sino de algo que ya ha sido intentado y que puede ciertamente mejorar las condiciones de las clases más olvidadas del país.
Además de todos los argumentos que se ha expuesto a favor de los programas económicos de Gustavo Petro y de la Colombia Humana, cabe destacar que entidades que antes eran reacias a un mayor papel del estado en la economía, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, especialmente luego de la crisis financiera de 2008 y de la crisis económica derivada del coronavirus, han recabado evidencia que da cuenta del importante papel que desempeña el estado en la economía y de lo necesarias que son las intervenciones en política monetaria y fiscal (mayor gasto) para estimular a la economía en tiempos de crisis. Los Estados Unidos lograron evitar una caída del 7% del PIB que se esperaba en el 2020 debido a los cierres por la pandemia y terminaron el año con una caída del 4% gracias a los paquetes de estímulos que fueron aprobados por el Congreso y que le dieron a los ciudadanos desempleados la capacidad para enfrentar, mal que bien, la crisis que se desarrolló en 2020.
Por otra parte, es importante destacar los grandes progresos que se lograron en Bolivia con políticas de tipo progresista durante la administración de Evo Morales, y en donde Luis Arce, como ministro de economía, se encargó de generar confianza con los inversionistas internacionales y entidades como el FMI al tiempo que desarrollaba una agresiva política social y se estimulaba el crecimiento económico a tasas que difícilmente se habían visto en el pasado.
Otro ejemplo a destacar es el ascenso de Brasil durante los gobiernos de Lula Da Silva y Dilma Rousseff, país en el que a pesar de los casos de corrupción presentados se lograron importantes avances en la lucha contra la pobreza y se logró aprovechar el impulso que le dio a la economía el boom de las materias primas.
Ciertamente seguir el ejemplo de países como Brasil, Bolivia, o como el mismo Estados Unidos que brindó un paquete generoso de ayuda durante la pandemia y evitó así un mayor colapso económico, sería un ejemplo que Colombia podría seguir. Aún así, la derecha política colombiana, ni el autodenominado centro parecen estar dispuestos a dar estos pasos. Por el contrario, su ideología promercado les ha llevado a ser los voceros de una actitud meritocrática en donde se considera al empresario y a los ricos como héroes de la sociedad y se fustiga a los pobres y los que han quedado atrás debido a las fallas mismas del mercado como holgazanes sin remedio y como unos resentidos y envidiosos. Por esto un gobierno de izquierda podría darle el impulso a las políticas progresistas por tanto tiempo aplazadas y que ya han demostrado tener éxito en otras partes del mundo y que en Colombia apenas sí se han intentado de una manera muy tímida.
Finalmente existe otro argumento para apoyar la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia, y es que después de sucesivos gobiernos de derecha, que generalmente siempre han conformado la élite del país, los sectores populares han quedado ampliamente excluidos de toda representación política. Fenómenos como la corrupción, la cobertura que los medios le dan a los políticos tradicionales y la connivencia de las élites económicas con las élites políticas, así como el apoyo que estas han recibido del narcotráfico, han hecho que los partidos alternativos como la Colombia Humana y los movimientos populares, de negritudes, de indígenas y de minorías sexuales no hayan tenido una representación importante y por lo tanto no hayan tenido una incidencia en la definición de las políticas que les afectan. Un gobierno de la Colombia Humana rompería con esta tradición antidemócratica y haría que estos sectores y sus preocupaciones por fin empezarán a ser escuchados.
Por todos estos motivos, y con el riesgo natural de la política a que se cometan errores, pues La Colombia Humana no esta exenta de críticas ni de posibilidades de mejora, es que vale la pena considerar a la izquierda que representa Gustavo Petro como una alternativa de poder totalmente legítima que puede acometer las transformaciones que necesita Colombia.
El 2022 será el tiempo de la elección en Colombia y mientras nos preparamos para los debates que vienen, deberíamos como primera medida aceptar que una discusión que vaya más allá del plano ideológico no necesariamente significa caer en la indefinición como ha planteado el autodenominado Centro político, sino más bien el ser capaces de empezar a debatir las ideas para la transformación del país desde la evidencia y con la apertura necesaria para considerar los elementos de valor que hay en ambos lados del espectro político, como la cooperación social y el papel del estado (en el caso de la izquierda) y el papel de la iniciativa privada y del mercado (en el caso de la derecha), elementos que hoy se puede decir que están justamente integrados en el proyecto político de la Colombia Humana.
