El día de ayer el país vio una serie de protestas de escala nacional y masivas contra la propuesta de reforma tributaria del gobierno de Iván Duque.
Sin embargo, parece que las voces de protesta se centraran únicamente en tumbar la propuesta del gobierno, no en ofrecer una alternativa. Y es que la necesidad de una alternativa es urgente, dado que no se puede pasar por alto la necesidad de financiación del estado colombiano.
La idea de impuestos a las gaseosas, así como a las iglesias, han estado largamente entre las propuestas alternativas para financiar el gasto estatal y deberían considerarse. Pero parece que hay muy poca voluntad política al respecto. En el caso de las bebidas azucaradas ¿Qué podemos decir? ¿Realmente hay una base científica y económica para hablar de que este impuesto valga la pena? Un informe de expertos ofrece algunas perspectivas muy interesantes al respecto.
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Un informe sobre el consumo de las bebidas gaseosas de DeJusticia
En un informe reciente de DeJusticia se aborda a fondo la discusión del impuesto a las gaseosas y las razones que sustentan su implementación, tanto como por motivos fiscales como de salud.
Puedes descargar el informe de DeJusticia en este enlace.
El informe, presentado el 23 de abril, específica que a obesidad, una de las externalidades fuertes por cuenta del consumo de bebidas gaseosas, es el resultado de múltiples factores familiares y comunitarios que “derivan del ambiente social, económico y cultural”. Pero, no solo son factores familiares, ambientales o incluso genéticos, nos dice DeJusticia, el consumo de productos ultraprocesados, como las bebidas azucaradas “ha demostrado ser una de las principales causas de la obesidad y el sobrepeso”.
Los autores de este informe son Diana León Torres, Magíster en Economía de la Universidad de los Andes, Diana Guarnizo, Abogada de la Universidad Nacional y Alejandro Rodríguez Llach, Magíster en Economía de la Universidad de los Andes.
Datos importantes del informe:
En Colombia, más del 50% de la población adulta sufre de sobrepeso.
El impuesto a las bebidas azucaradas ayudaría en gran medida a promover un estilo de vida más sano y a reducir los costes asociados en el sistema de salud.
La medida podría funcionar con políticas complementarias que ayuden a promover el consumo de bebidas más saludables.
En medio de la pandemia del coronavirus, y los costes económicos y sociales asociados a la misma, se ha identificado que la obesidad desempeña un factor de comorbilidad que agrava la enfermedad del Covid19. En el escenario actual, con un sistema de salud que ha demostrado estar sobrecargado y tener pocos recursos para atender la emergencia de la pandemia, el impuesto a las bebidas azucaradas debería debatirse a fondo y teniendo en cuenta la necesidad de cambiar los comportamientos individuales que repercuten de forma nociva para el conjunto de la sociedad.
¿Cuánto azúcar tiene una lata de gaseosa?
Se estima que una lata de gaseosa tiene hasta 40 gramos de azúcares libres, esto es nada menos que diez cucharadas de azúcar. Con la ingesta de una lata ya se sobrepasa el límite de consumo de azúcares diario que recomienda la OMS para llevar una vida saludable y evitar la obesidad.
Factores de riesgo para otras enfermedades
De acuerdo a la OMS, la obesidad es un factor de riesgo para la aparición de otras enfermedades como las cardiopatías, la diabetes, los trastornos del aparato locomotor y algunos tipos de cáncer. Razones suficientes para prensarlo dos veces antes de ir a la tienda a pedir otra botella o litro de gaseosa para acompañar el asado familiar. ¿No crees? En los niños y niñas, la consecuencia de una obesidad puede resultar incluso en muertes prematuras, discapacidades en la edad adulta y riesgos psicológicos. Naturalmente estamos hablando de un consumo excesivo, aún así no deben desestimarse los daños “menos fuertes” del consumo de las bebidas con altos contenidos de azúcares.
Cambios en los patrones de alimentación
Una realidad que frecuentemente no se considera cuando se habla de la alimentación es que los cambios que nos ha traído la globalización están transformando de manera radical la forma en que las personas se alimentan y lo que consumen en sus rutinas diarias. Para entender esto es importante reconocer que la urbanización y el crecimiento del ingreso ponderado han generado un cambio en los patrones de alimentación. Ahora la gente consume más productos ultraprocesados. Según el DANE, el 67.08% de la población del país declaró consumir bebidas azucaradas durante el 2019. Por cada persona que no consume bebidas azucaradas en el país, hay aproximadamente 2 que sí lo hacen. Esta realidad lleva a que los sistemas de salud tengan que readaptarse frente a lo que probablemente será un alza en enfermedades y condiciones de salud relacionadas con la obesidad y el consumo de azúcar.
¿Qué hacer al respecto?
Según DeJusticia en su informe “existen herramientas de política pública poderosas y legítimas que sierven para incentivar patrones de consume que sean socialmente beneficiosos y desincentivar aquellos perjudiciales”. Es por esto que debería considerarse el impuesto a las bebidas azucaradas, un instrumento que se ha demostrado eficaz para eliminar o al menos reducir los hábitos nocivos. Esto a pesar de que el ministro de Hacienda colombiano, Alberto Carrasquilla, en la presentación de la reforma tributaria afirmó que no estaba seguro de que el impuesto tendría los efectos deseados sobre las externalidades de salud.
Como primera realidad a tener en cuenta deber decirse que el impuesto al consumo de productos no saludables aumenta su precio y, por lo tanto, disminuye la demanda; lo cual permite desincentivar consumos no saludables y promover hábitos más saludables para el conjunto de la población. La pregunta aquí es por qué si esto ya se ha demostrado como algo que funciona ¿Por qué el gobierno colombiano no ha manifestado interés alguno en llevar esta iniciativa ante el Congreso? La respuesta podría hallarse en el hecho de que la industria de las bebidas azucaradas colombiana ha sido un fuerte aliado de la derecha colombiana que hoy se encuentra gobernando y que lleva a cabo una tarea de lobby para que este tipo de iniciativas no se conviertan en una realidad.
DeJusticia también señala que: “El aumento de los precios de las bebidas azucaradas es una forma de contribuir a que las personas internalicen los impactos de su decisión. Adicionalmente, a través de este impuesto se podría generar un recaudo que eventualmente podría ser usado para corregir la asimetría de información en el mercado, junto a otras estrategias de salud pública”.
En concreto se podría decir que el impuesto a las bebidas azucaradas es rentable en múltiples escenarios. No solo le ayuda al estado a recaudar recursos importantes para su financiamiento, sino que reduce los costos del sistema de salud en aspectos como atención a pacientes con comorbilidades en las que la obesidad y la diabetes, así como otras enfermedades asociadas al consumo de gaseosas, representan riesgos adicionales.
En este escenario se tiene que las recomendaciones de la OMS así como de países que han implementado algún tipo de medidas similares, como México y Chile, y también la amplia evidencia científica, destacan la efectividad de un impuesto a las bebidas azucaradas.
Organismos Internacionales como el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales ha recomendado que los países incorporen estos impuestos como una medida estratégica para proteger los derechos a la alimentación y a la salud. Para el caso colombiano, debe destacarse que la Comisión de Expertos de Beneficios Tributarios y la Comisión de Expertos del Sistema Tributario Territorial también han recomendado su implementación.
A nivel nacional, el impuesto a las bebidas azucaradas se ha venido discutiendo desde el 2016, pero los intentos de implementación han fracasado hasta el momento. Sin embargo, los riesgos de enfermedades asociadas al consumo de estos productos siguen creciendo, lo cual incrementa a su vez la necesidad de una reforma en este apartado del sistema tributario nacional.
¿El mundo que está haciendo?
En otras partes del mundo, el impuesto a las bebidas azucaradas ya es una realidad. Desde el 2020 prácticamente en toda la Unión Europa hay impuestos a las bebidas gaseosas. Otros países como Chile, México y Sudáfrica también han experimentado ya con este impuesto y en todos los casos se ha mostrado una reducción notable del consumo de gaseosas. Ver informe Xataka.
¿Cuáles serían los impactos del impuesto a las gaseosas?
Entre los múltiples efectos que se han examinado de este impuesto, DeJusticia señala los siguientes:
Beneficios directos del impuesto:
Disminución del consumo de bebidas azucaradas. Un impuesto del 24% a estos productos tendría el potencial de reducir la obesidad en los hogares de ingresos más bajos, entre en un 5% y un 10%, y en los hogares de ingresos medios en un 5 y un 8% .
Reducción de los gastos del sistema de salud: Para el año 2016 se destinaron más de 25 billones de pesos anuales en recursos del sistema de salud para atender enfermedades prevenibles ( lo que está como meta en la actual reforma tributaria del gobierno colombiano). A esto se le suma, solamente el gasto atribuible a diabetes por cuenta de las bebidas azucaradas está costando unos 740.000 millones de pesos al año. Si el gobierno impusiera este tributo y llevara a cabo mayores políticas de prevención en materia de salud pública, los ahorros del estado serían por ende bastante significativos.
Más recursos públicos: Aquellos que aún estén dispuestos a consumir bebidas azucaradas generarán recursos adicionales para el estado por cuenta de su consumo, estos recursos pueden ser útiles para la financiación de bienes y servicios públicos, programas y demás políticas relacionadas con la mejora de la salud pública. Algunas estimaciones indican que un impuesto a las bebidas azucaradas del 20% puede traer recursos al estado de al menos un billón de pesos anuales, el 4% de lo que espera recaudar la reforma tributaria actual, una suma nada despreciable.
Algunos beneficios indirectos del impuesto
Beneficiaría principalmente a los hogares más pobres: Esto se debe a que son las familias de bajos ingresos las que más consumen este tipo de productos, y al mismo tiempo son los que más fácilmente sean disuadidos de consumirlos por cuenta del impuesto. En consecuencia, las tasas de obesidad, sobrepeso y condiciones de salud asociadas al consumo de gaseosas en esta franja poblacional podrían bajar considerablemente.
Mejora en la salud general de la población de los colombianos: Se disminuyen los riesgos del sobrepeso, obesidad y otras consecuencias no previstas del consumo de estos productos. De la misma manera, se lleva a la creación de una mayor cultura de la comida sana, ya que esta sería mucho más competitiva frente a las gaseosas.
Beneficios en los ingresos: la menor morbilidad y tasa de enfermedades asociadas al consumo de gaseosas llevara a que las familias gasten menos dinero y tiempo en tratamientos para la obesidad y el sobrepeso, en consecuencia se mejoran los ahorros y la productividad.
Ganancias en productividad: Al haber menos enfermedades y dolencias asociadas al consumo de gaseosas, se disminuye la tasa de ausentismo laboral y también se producen menos incapacidades laborales. Por lo tanto, la población tendrá más horas de trabajo disponibles.
Posibles efectos negativos del impuesto y estrategias de solución
El documento elaborado por DeJusticia también incluye análisis de los posibles efectos negativos para la salud derivados del impuesto, como el aumento del consumo de agua no apta para la salud como posible sustituto, la posible regresividad tributaria del impuesto y la pérdida de empleos en el sector de la industria de las bebidas azucaradas.
Las sugerencias que elabora DeJusticia indican que los recursos obtenidos por el impuesto se usen para implementar políticas que disminuyan el consumo de sustitutos no saludables, como la inversión en aguas tratadas en los acueductos y la promoción de una dieta más sana. Hablamos de bebederos escolares, ampliación de la cobertura del agua potable, entre otras medidas. Frente al último impacto negativo, la evidencia internacional recolectada sugiere que no hay una pérdida de empleo significativa a largo plazo en la industria, ya que las empresas pueden innovar en sus productos y ofrecer opciones más saludables de alimentación. Los investigadores sugieren al final de su análisis que las ganancias de implementar la propuesta, superan, y por mucho, los costos asociados.
Con información de DeJusticia.
