Mientras que el gobierno colombiano hace un esfuerzo a nivel legislativo por impulsar una reforma tributaria que muchas personas consideran lesivas para la movilidad social de la clase media baja, o lo que se denomina como “sector vulnerable”, de acuerdo a la última estratificación que hace el Sisbén, la evaluación que se hace de su gobierno en los aspectos técnicos y estadísticos no es positiva.
Pobreza
El día de ayer por ejemplo, el Dane reveló que el número de pobres aumentó en 3.5 millones durante la pandemia, lo cual significa que al día de hoy hay unos 21 millones de pobres a nivel nacional y de estos, unos 7.7 millones de personas viven en pobreza extrema.
Según el mismo Dane, la cifra de pobreza ya venía subiendo desde el 2019, antes de que iniciara la pandemia, lo cual nos muestra que en términos sociales en gobierno colombiano está llevando a cabo una mala gestión y no ha actuado con la diligencia que debería en el marco de una economía tan desigual y con tantas carencias.
Sin embargo, las mediciones que hace el Dane sobre la pobreza extrema siempre han sido demasiado laxas. De hecho, muchas personas a nivel nacional que se consideran pobres, no caen dentro de estas categorías. Según el Sisbén y el Dane, una gran cantidad de los ciudadanos colombianos en lugar de calificar como pobres, son “vulnerables”. Esto significa que aunque pueden pagar sus facturas y llevar una alimentación balanceada, cubriendo de manera justa sus gastos familiares, el dinero que tienen no mejora sustancialmente su calidad de vida ni puede brindarles la posibilidad de ascenso social o movilidad social en el corto plazo.
Es decir, son familias que si bien pueden pagar sus gastos, probablemente no pueden enviar a sus hijos a la Universidad o a la escuela sin endeudarse o que no pueden llevar a cabo grandes emprendimientos que mejoren sus vidas y las de los miembros de sus comunidades.
Y el ingreso solidario, el programa social insigne de la administración Duque, apenas llegó a unos 2.4 millones de hogares (Datos de Presidencia de la República) , aproximadamente unos 10 millones de colombianos, lo cual significa que más de 10 millones de personas pobres no recibieron ayudas del gobierno nacional. Aún así, el gobierno colombiano pretendía poner IVA a alimentos de la canasta básica familiar eliminando la categoría de exentos y cambiando a muchos de los productos a excluidos. Esto significaba según los gremios de agricultura, un aumento en un 5% en los productos de la canasta básica familiar para el consumidor final, según revelaron los directores gremiales al diario colombiano Portafolio.
Profundización de la desigualdad con la nueva reforma tributaria
Más preocupante aún es que la Reforma tributaria se ha centrado en las personas naturales por medio de otros impuestos indirectos nuevos, como el IVA a tecnologías, el cual afecta en gran medida la posibilidad de movilidad social de los estratos sociales más bajos, así como el cierre de la brecha social y el desarrollo económico del país, teniendo en cuenta que la educación y los emprendimientos que hoy pueden impulsar un desarrollo sostenido del PIB a nivel mundial se basan en gran medida en el dominio y la adquisición de tecnologías.
Algunos economistas como César Ferrari, Doctor en Economía y docente titular de economía de la Universidad Javeriana, han argumentado que en lugar de proponer una reforma tributaria, el gobierno colombiano debería solicitar un préstamo de emergencia al Banco de la República para atender la grave crisis social y económica que la pandemia ha ocasionado. Y es que hay que tener en cuenta que por cuenta de la misma crisis, las tasas de interés del Banco Central están en uno de los puntos más bajos de su historia, por lo que solicitar un crédito permitiría que la economía se recuperara sin ahogar con nuevos impuestos a los sectores vulnerables del país, aquellos que ni son pobres pero que tampoco tienen capacidad de movilidad social para llegar a ser parte de la clase media establecida.
Pero aún así con estas alertas, e incluso con las recomendaciones del FMI que iban en el mismo sentido ( mayor endeudamiento con los bancos centrales para el gasto social en vez de impuestos), el gobierno colombiano insiste en una reforma tributaria que puede profundizar los niveles de desigualdad que ya +se venían agravando antes de que la crisis de la pandemia comenzara.
Si bien en el gobierno de Juan Manuel Santos la desigualdad decreció muy levemente, según los datos suministrados por el Banco Mundial, durante el gobierno de Iván Duque la desigualdad ha vuelto a crecer. El presidente colombiano recibió su mandato con un índice GIni de 50.4 puntos y para el 2019 este se hallaba en los 51.3 puntos (100 puntos es desigualdad absoluta y 0 puntos es igualdad absoluta en el índice Gini).
Es de estimar que por cuenta de la pandemia, periodo para el que no hay datos disponibles, la desigualdad ha aumentado mucho más, puesto que el número de pobres aumentó en 2019 en unos 600.000 (justo antes de la pandemia), y este indicador se ha multiplicado por tres luego de los efectos de la pandemia.
Exenciones a empresas y desigualdad económica
Posiblemente, y esto quedará para la evaluación de los expertos, es que la desigualdad aumentó con las exenciones a las grandes empresas que se introdujeron durante la última reforma tributaria, las cuales también dejaron desfinanciado al gobierno nacional al momento de enfrentar con más firmeza la crisis de la pandemia del Covid19. El gobierno colombiano parece seguir el juego internacional de la carrera hacia la baja en términos de impuestos corporativos, mientras que el hoy presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se posiciona en contra de las exenciones a los ricos y a las grandes empresas que han caracterizado a las últimas cuatro décadas de historia tributaria mundial.
En este sentido, el gobierno colombiano debería explicar cómo su reforma afecta a los más ricos de Colombia en comparación a la forma en que esta reforma afecta a las clase vulnerables y pobres del país. Si la reforma se va a llamar ley de “Solidaridad Sostenible”, por una coherencia mínima no debería continuar con las exenciones y descuentos que se hicieron a las grandes empresas en las dos últimas reformas tributarias, más bien deberían revertirlas y enfocarse en poner mayores impuestos a las clases más acaudaladas del país, de manera que se permita que los sectores vulnerables cuenten con ahorros y dinero suficiente para crear nuevas empresas, puesto que son las medianas y las pequeñas empresas las que generan la mayor cantidad de empleos a nivel nacional. Esta sería la clave de una reforma que de verdad pueda llevar al desarrollo económico y que realmente sea solidaria.
Con información del Banco Mundial.
